El ex jugador de básquet de San Lorenzo Ramón Clemente inició un expediente contra el Club que tiene un piso de ejecución firme de $232.239.825,99, mientras que la impugnación presentada por la parte actora eleva el reclamo a $766.459.966,24. La diferencia entre ambos valores refleja la magnitud que puede alcanzar la contingencia para la institución a partir de la evolución del proceso judicial y de los sucesivos incumplimientos ocurridos durante distintas gestiones.
Clemente llegó a San Lorenzo en enero de 2019, durante la presidencia de Matías Lammens y la vicepresidencia de Marcelo Tinelli, permaneciendo en el Club hasta octubre de ese mismo año. Al momento de su salida se alcanzó un acuerdo de desvinculación por un monto considerablemente inferior a las cifras que hoy se discuten judicialmente. Sin embargo, ese compromiso no fue cumplido.
Ante el incumplimiento, el jugador inició en 2021 una demanda contra San Lorenzo. El proceso avanzó y Clemente obtuvo sentencias favorables tanto en primera como en segunda instancia. Posteriormente, el Club volvió a alcanzar un acuerdo de pago con el ex jugador, con el objetivo de regularizar la situación y poner fin al conflicto.
Ese nuevo acuerdo tampoco fue cumplido.
La sucesión de incumplimientos a lo largo de diferentes administraciones derivó en el escenario que San Lorenzo enfrenta actualmente: un expediente ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, con un piso de ejecución firme de $232.239.825,99 y un reclamo de la parte actora que asciende a $766.459.966,24.
En varios de estos juicios, los instrumentos contractuales aparecen suscriptos por Marcelo Tinelli y el vocal de comisión directiva Fabián Scoltore; en otros, únicamente por Scoltore; y también existen contratos con la firma de Scoltore y el manager del equipo Pablo D’Angelo.
Como consecuencia, la actual conducción debe afrontar expedientes que, con el paso de los años, adquirieron una dimensión económica muy superior a la de las obligaciones originales, producto de incumplimientos, intereses, costas, honorarios y otros conceptos derivados de la evolución de los procesos judiciales.
El expediente de Ramón Clemente vuelve a poner en evidencia una problemática que atraviesa a San Lorenzo: obligaciones generadas durante administraciones anteriores que no fueron resueltas oportunamente y que, luego de sucesivos incumplimientos, terminan transformándose en ejecuciones judiciales de elevado impacto económico para la institución.